En una entrada anterior, dediqué una entrada al preámbulo del informe "Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español"
elaborado a propuesta del Ministro Wert. El preámbulo contiene un
diagnóstico sobre los males que aquejan al Sistema Universitario Español
(SUE) que comparto plenamente. El resto del documento, que se divide
en 5 capítulos, está dedicado al tratamiento que se le recomienda al
enfermo.
Análizadas
una por una, me resulta fácil estar de acuerdo con la mayoría de las
propuestas, que abordan problemas graves y reales del SUE. Por ejemplo,
en el capítulo I sobre la Selección del Personal Docente e Investigador
se propone una batería de medidas para fomentar la internacionalización
del profesorado, acabar con la endogamia, racionalizar la contratación y
los procesos de acreditación, crear nuevos tipos de contratación
permanente.
Es interesante que las propuestas combinan el tradicional (y en mi opinión fracasado) enfoque "top-down",
en el que se pretende curar al SUE a base de regulaciones y leyes, con
un tratamiento que apenas se ha intentado en España, pero es el que
funciona ahí fuera: el enfoque "bottom-up" en el que a los
diferentes individuos y departamentos del SUE se les proporcionan los
incentivos para hacer mejor su trabajo. Por ejemplo, en la página 27 "Se
recomienda que existan, además, complementos salariales para el PDI
ligados al rendimiento investigador en su conjunto (por ejemplo, del
Centro, Departamento, Instituto, etc.) que incentive la selección de los
mejores", se recomienda aumentar la remuneración asociada a los
sexenios. Ambas medidas van en la buena dirección de crear incentivos
para que los individuos hagan bien su trabajo.
Pero,
por construcción, este informe es "top-down" siendo iniciativa de un
ministro. Además, la mayoría de las medidas que podrían crear los
incentivos (en forma de premios y también de castigos) necesitan la
complicidad de demasiada gente para ponerse en marcha. Véase por ejemplo
el caso reciente del decreto Wert vinculando sexenios y carga
docente. El quid de la cuestión es que los gobiernos tienen menos
difícil para implementar soluciones "top-down", en forma de leyes,
pero más complicado meterse en el terreno de los incentivos, que no
parece un asunto fácilmente abordable desde una ley orgánica. Parte
de la dificultad estriba en que las competencias de política
universitaria están transferidas a las comunidades autónomas.
Por
último, el informe tiene una omisión que supongo deliberada: no aparece
la palabra sindicato. Cuando llegue el momento de poner en marcha
aquellas propuestas del informe que sobrevivan al escrutinio el gabinete
del ministro, tendrán en frente a los sindicatos y, por si esto no
fuera suficiente obstáculo, la situación económica lo hará todo más
difícil todavía. Pero, dado que nos jugamos todo en el empeño, el SUE
necesita que pensemos en como arreglarlo, y más importante, que lo
arreglemos.
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