Recordando el programa "Ramón y Cajal"

Cuando la ministra Ana Birulés  lo puso en marcha hace más de 10 años, el programa Ramón y Cajal  (RC) para la incorporación de doctores al sistema científico español supuso una   revolución. El programa entró en vigor más o menos al mismo tiempo que las Universidades españolas estaban dedicadas a boicotear con furor otra iniciativa de aquel gobierno, la  ley orgánica de Universidades.  El boicot consistió en sacar  a concurso la   apabullante y escandalósa cifra de 10.000 (diez mil) plazas de profesor titular de forma apresurada, antes de que entrase en vigor la   nueva ley, que introducía una evaluación nacional externa como requisito para ser profesor titular.  

La gran novedad que introdujo el programa RC fue la posibilidad de acceder a un contrato de investigación de 5 años, con nivel salarial semejante al de profesor titular, cuyo acceso no era controlado por los cacíques locales de turno.  Junto con la nueva ley orgánica, suponía una clara amenza al principal mecanísmo de control por parte de las redes clientelares  universitarias: el control de las plazas. Es interesante destacar que las Universidades, incluida la de Alicante,  pudieron atajar el efecto de la ley orgánica, por la via de despilfarrar impúnemente una cantidad obscena de recursos públicos, ocupando en un año el equivalente a las plazas que habrían sacado en cinco.   Compárense las más de 200 plazas que se regalaron aquel año 2003, con las 5 que saldrán en 2013.  Sin embargo, las Universidadades tardaron más en bloquear el efecto positivo que supuso la llegada a sus departamentos de investigadores que, en muchas ocasiones, no le debían su puesto a nadie más que a su currículum, que había sido evaluado por una comisión nacional y ganado una difícil competición. 

Recuerdo que a los "Cajales",  atajo para referirse a los contratados bajo el programa "Ramón y Cajal", se nos negó el pan y la sal: no eramos parte de la plantilla de la Universidad, no figurabamos en los estatutos, no figurabamos en los planes de estabilización. En algunas universidades, como la Miguel Hernández, los "Cajales" eran considerados personal de servicios,  como los bedeles, lo cual tenía toda clase de consecuencias perversas, como que no podían sacar más que un libro de la biblioteca cada vez.  Recuerdo que nos reunimos con rectores, vicerectores, directores generales, y dimos mucho la lata. Recuerdo que un año (2004?) hubo que pelear para poder pedir proyectos de la GV, porque no estaba claro que "peteneciésemos  a la plantilla". Recuerdo que, allá por el 2005 o 2006,  el equipo rectoral escribió un plan integral de la UA, en la que se contemplaban medidas de promoción y estabilidad para todos (ayudantes, asociados, contratados doctor, titulares, catedráticos) menos para "los Cajales".  Recuerdo que algunos que  en 2012 se ponen de piquete en la puerta de la UA,  en aquella estaban el  VR de ordenación académica, y no les salió de las narices tratarnos igual que al resto de la plantilla.  Aquella UA tenía dinero para sacar 144 plazas de PAS en un año (2004 o 2005), pero no ofrecía ningun horizonte  a 15 investigadores cuyo sueldo terminó siendo financiado con fondos externos durante 7 años, y que además trajimos unos cuantos millones de euros en proyectos a la Universidad.  El cómo se arregló aquello, pero como supuso el cierre casi total del programa en la UA, lo cuento otro día.

La última convocatoria del "Cajal", publicada hace unas semanas,  pone tantas piedras en el camino que probablemente consiga que el programa descarrile del todo. Llevo un mes esperando a ver si alguien en la UA protesta.  Era obvio que no iba a ser así. Nos hemos vuelto a retratar.